Muchos observadores con poco tino han dicho
que el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Albert Rivera tiene
un tono centrista, que es un pacto que incluso podría firmar sin despeinarse el
propio Mariano Rajoy. Los firmantes, por su parte, han procurado arrimar el
ascua a su sardina aunque pienso que Sánchez ha dejado que
Rivera se apuntase el tanto de afirmar que en el acuerdo se incluía el 80% de
los planteamientos de Ciudadanos, a sabiendas de que es una gran mentira. Por
aquello de hacerle un favor, de que quede bien, y no pierda votos por la
derecha, que los perderá seguro.
Pero cuando se leen las 60 páginas del documento se llega a una conclusión
irrefutable: el acuerdo es casi una copia literal del programa electoral del
PSOE, algo por otra parte lógico, ya que los socialistas cuentan con 90
diputados, y más que doblan los escaños de Ciudadanos. Y esta es la razón
principal para que el señor Sánchez sea derrotado
en la primera sesión de investidura. Porque el programa con el que se presenta
es malo para el país. Hay muchas razones que avalan esta tesis, pero la
principal es que es un acuerdo que eleva al gasto público y que conduce
inevitablemente a subir los impuestos. Introducir al mismo tiempo una renta
mínima y un complemento salarial garantizado requerirá de recursos muy
superiores a los 7.000 millones calculados angelicalmente por el dueto Sánchez
Rivera. El coste puede cuadriplicarse.
Y como es natural, los impuestos precisos para enjugar
este aumento brutal del gasto público tienen que aumentar. Es verdad que se
dice que se congelarán las tarifas del Impuesto sobre la Renta, pero este
avance es menor si al mismo tiempo se eliminan desgravaciones, que es algo que
se omite y que seguramente está en el pensamiento de los autores del plan.
También se deduce del documento que subirá la tributación para las rentas del
capital -una de las obsesiones de los socialistas-, así como para los
beneficios de las empresas, en el Impuesto de Sociedades, lo que expulsará el
ahorro y la inversión y castigará la creación de empleo.
Se eleva el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, porque
las autonomías que lo tienen completamente bonificado, como es el caso de
Madrid, La Rioja y otras, se verían obligadas a cobrarlo. Se aumentan los
impuestos medioambientales de tal manera que se perjudicará a las familias con
menos ingresos, que no pueden comprar los coches más caros con motores más
desarrollados, y también está previsto aumentar las cotizaciones sociales -que
son el verdadero impuesto sobre el empleo-, al eliminarse los actuales
incentivos a la contratación. El único impuesto que baja es el IVA para el cine
y los espectáculos, para contentar a los señores del ramo, a los de la ceja.
La estrategia de política económica practicada durante la pasada
legislatura puso el énfasis en impulsar la competitividad de la economía
española -la palabra competitividad sólo aparece una vez en el documento de
marras- a través de una reforma laboral que permitiera a las empresas adaptarse
con flexibilidad al ciclo, y elegir, en caso de necesidad, vías de ajuste
diferentes a la del despido, bajando salarios o cambiando otras condiciones de
trabajo. Esta estrategia ha sido un éxito. La economía crece por encima del 3%
y ha sido capaz de crear el 60% de todo el empleo de la unión. La estrategia
que presenta Sánchez es
radicalmente contraria.
Está basada en una redistribución arbitraria de los
ingresos públicos en perjuicio no sólo de las clases medias sino también de los
más desfavorecidos. Estos se verán especialmente perjudicados por los cambios
que se quieren introducir en la legislación laboral. En particular, por el
propósito de eliminar la prioridad del convenio de empresa en los dos elementos
fundamentales, el salario y la jornada. De ponerse en práctica, esto impediría
que las compañías pudieran adaptar el convenio a su propia situación,
perjudicando la contratación. También se quiere dar marcha atrás en la
supresión de la ultraactividad -la prórroga automática de los convenios-, que
ha venido siendo el auténtico cáncer del mercado laboral y el principal
instrumento de poder de los sindicatos, pues prolongaba convenios desfasados,
con aumentos salariales desorbitados incluso en épocas de crisis, abocando a
las compañías a la destrucción de empleo.
El acuerdo se propone igualmente la eliminación del mínimo exento de 500
euros en las cotizaciones sociales, que ha supuesto un potente incentivo para
la contratación indefinida, y está en peligro la tarifa plana para los autónomos,
lo que desmiente la retórica absurda del señor Rivera en el sentido
de que estamos ante el primer acuerdo de la historia que los favorece. La idea
que se extrae del documento es la de revertir lo que ha venido siendo un eje
fundamental hasta ahora -aunque poco ambicioso pero un eje-, que era reducir
los impuestos que gravan la creación de empleo -como son las cuotas- para
reducir el coste de la contratación y favorecer la lucha contra el paro.
La combinación del aumento del gasto, de la subida de
impuestos y la reversión de la reforma laboral, que ha merecido el elogio de
las autoridades comunitarias, nos crearía, de ponerse en marcha, muchos
problemas en Europa. Mucho más aún si va acompañada de la modificación
pretendida del artículo 135 de la Constitución -el que se vio obligado a
reformar in extremis Zapatero bajo la presión inexorable de Bruselas, y que
requirió una alteración constitucional- que consagra la estabilidad
presupuestaria, popularmente conocida como la persecución del déficit cero. Un
cambio de las reglas del juego en este aspecto condenaría a España a pagar
mayores tipos de interés por su deuda pública, lo que reduciría su capacidad de
crecimiento y sus posibilidades de sostener un gasto público que sigue siendo,
en los niveles actuales, demasiado elevado.
Por resumir, el pacto alcanzado entre los señores Sánchez
y Rivera revierte ( o directamente deroga) reformas que han sido fundamentales
para que la economía española haya vuelto a crecer en los dos últimos años -a
partir de la segunda mitad de la legislatura popular- y para que haya
recuperado, también en ese tiempo, la mayor parte de la competitividad perdida.
Es un pacto que aborda en el peor sentido posible otras cuestiones
trascendentales, como la política energética, que por primera vez después de
los ocho años de Zapatero, ha logrado detener y corregir el déficit de la
tarifa eléctrica. La aborda en el peor sentido posible porque también quiere
dar marcha al tras al nuevo modelo y abandona como prioridad tener la energía
más barata posible.
Pero dejémoslo aquí. Ya me parece suficiente como para
concluir que este acuerdo, de entrar en vigor -y por fortuna no ocurrirá, de
momento- sería perjudicial para el país. Sánchez ha dicho, y con tal espíritu
ha convocado a los militantes, obteniendo el respaldo suficiente, que este
acuerdo hace posible el Gobierno del cambio y de progreso que pidieron los
electores en las urnas. Pero primero, los electores no pidieron nada. Votaron a
quienes quisieron. Punto. En segundo lugar, el ganador con una diferencia
notable en las pasadas elecciones fue el PP. Tercero, PSOE y Ciudadanos, que
son los agentes en cuestión, apenas suman ocho diputados más que el PP, y
cuentan también con el rechazo de Podemos, o sea que están condenados al
fracaso.
Finalmente, el acuerdo es desde luego de cambio...pero a peor, es regresivo
y contrario al progreso y el bienestar común. De manera que por fortuna, ni
Sánchez será investido presidente en primera instancia, ni este acuerdo dañino
para los intereses del país saldrá adelante. ¡De momento! Habremos ganado un
poco de tiempo, aunque la política siempre puede deparar sorpresas, y me temo,
por desgracia, que todas malas -quizá un acercamiento entre Sánchez e Iglesias
que todavía podría ser más letal-. Hay un escenario
alternativo que sería el mejor de los posibles: que unas nuevas elecciones produzcan una realidad
distinta o infundan más sentido común al conjunto de los partidos políticos.
