La metáfora de una determinada España (la política) cabe en ese armario metálico que el jueves recorrió las calles de Sevilla a lomos de una carretilla. En su interior, las actas de los últimos diez años de Gobierno andaluz que
la jueza Mercedes Alaya ha reclamado de forma imperativa. Y que no son más que el testimonio fiel de un régimen
que se desmorona. Y que hiede a democracia orgánica.
La rancia España de la carretilla se dice progresista, aunque en realidad es extremadamente conservadora. Utiliza los latiguillos y los mitos de la izquierda, pero es impermeable a los cambios, lo que explica su resistencia a transformar la realidad, salvo la suya propia. El objetivo es sobrevivir y mantenerse en el poder, y eso ha dado lugar a un sistema político sustentado en el clientelismo. Heredero de la Restauración y del conde de Romanones, pero incompatible con un sistema democrático basado en la existencia de contrapoderes capaces de equilibrar la acción de Gobierno. Y que además ha debilitado la iniciativa privada hasta límites insoportables. En estos días se ha llegado a decir sin pudor que no es posible trabajar en Andalucía sin contratar con la Junta.
Así es como el PSOE andaluz ha acabado por convertirse en una especie de partido-guía que controla todos los resortes del poder mediante mensajes-fuerza que de manera sistemática y torticera convierte a sus críticos en simples correveidiles de esa otra España arcaica y reluctante a la modernización del país. La España que destrozó el liberalismo en el sentido primigenio del término y que se cerró sobre sí misma como un caracol para defender los intereses de los gremios que tanto había combatido Campomanes. La España de los lobbies y de los oligopolios -tan cercanos al poder- que convierte a la economía en un martillo para el consumidor-ciudadano.
Una y otra España son, en el fondo, sustancialmente iguales. Incluso se necesitan para construir en torno suyo, falsos antagonismos: ‘que viene la derecha’, ‘que viene la izquierda’... Como si la democracia no tuviera suficientes instrumentos para centrar los extremos. La formación de clases medias en el mejor antídoto contra los radicalismos y las falsas ideologías. La mejor herramienta contra los salvapatrias.
Resistencia a los cambios
En realidad, estamos ante una gran impostura. El problema de España no es sólo que tenga desequilibrios macroeconómicos descomunales y que año tras año acumule mayor inflación que la eurozona, sino su resistencia a aceptar los cambios. Por pequeños que sean. Cualquier reforma -también en la empresa privada- se considera una traición, y por eso asistimos ante un espectáculo increíble. Con el 20% de paro y casi cinco millones de desocupados, las reformas y los cambios políticos se ven como una agresión. No como una oportunidad para crecer y crear empleo en un tejido productivo descosido por tres años crisis.
Se atacan las que tienen que ver con el sentido común. E incluso se confunden las reformas con lo que son simplemente recortes del gasto público, cuya eficacia es sólo temporal. Una cosa es reformar el aparato administrativo del Estado -lo que no se ha hecho- y otra cosa muy distinta es tirar por la calle del medio con un recorte de los salarios públicos que no resuelve el problema. Se podrá cumplir el objetivo de déficit, pero buena parte del gasto público seguirá siendo ineficiente. Y esa es la cuestión de fondo. El problema no es el desequilibrio fiscal, sino la naturaleza del gasto.
Se critica la decisión de
Esperanza Aguirre de crear centros educativos en los que se cultive la excelencia -y hasta se llega a hablar de guetos y de
apartheid-; pero se acepta que haya centros de alto rendimiento para jóvenes deportistas que juegan al tenis o hacen gimnasia, como si el Estado sólo pudiera sacar provecho del músculo, pero no del cerebro. Como si la gloriosa
Junta de Ampliación de Estudios hubiera sido
café para todos. Se margina mientras tanto a los emprendedores en la toma de decisiones, pero en su lugar se ha conformado un sistema de relaciones laborales que
conecta directamente con el franquismo.
Ministerio de Relaciones Laborales
El antiguo Ministerio de Relaciones Laborales sigue funcionando. Una parte de la CEOE no es más que el tercer sindicato. Se sacraliza el diálogo social, pero lo cierto es que el mercado laboral es una jungla de normas que van directamente contra el empleo mediante la judicialización de las contrataciones hasta la náusea, pero que al mismo tiempo da cobijo a miles de asesores. Se negocia con las eléctricas o las compañías de telecomunicaciones la regulación del sector, en lugar de hacerlo en el parlamento con los representantes del pueblo. O con los banqueros las nuevas normas contables, en vez de discutirlas en el Congreso más allá de una votación formal. Y lo que es todavía más increíble. Se sigue considerando que España escapará de la crisis sólo con decisiones de Consejo de Ministros, cuando es el sector privado quien debe movilizar sus recursos y su creatividad para salir del atolladero. Mientras que al Estado lo que le corresponde es crear las condiciones objetivas, que decía el marxismo.
Se juega a un absurdo y falso igualitarismo cuando
lo cierto es que la inequidad y la ausencia de igualdad de oportunidades
campan a sus anchas. Un país tiene un serio problema cuando miles de jóvenes -los más preparados de su historia- ocultan sus conocimientos para poder lograr un empleo.
Cuando en una nación coexiste un problema de sobrecualificación y, al mismo tiempo, sufre elevadas tasas de fracaso escolar, es que el sistema educativo está agujereado. O enfermo. Pero en su lugar, el Estado -que en esta cuestión si que tiene un papel central- dedica sus recursos a salvar a una parte del sistema financiero que se resiste a bajar el precio de los activos inmobiliarios, y que en realidad es el fondo de nuestros problemas. En medio de la mayor crisis en 50 años, el sistema educativo permanece igual.
Mientras que en EEUU el precio de la vivienda
ha caído casi un 32% desde máximos, en España sólo ha retrocedido la mitad. Pero las autoridades, en lugar de acelerar el pinchazo de la burbuja, sólo miran por la cuenta de resultados de bancos y cajas, y eso hace que miles de emprendedores tengan que pagar altísimos alquileres
para crear riqueza. Abrir un comercio en el centro de las ciudades -de donde se ha expulsado a lo más dinámico de la sociedad por el alto precio de la vivienda- es hoy imposible mientras no bajen los arrendamientos.
Si un país presume de no ser intervenido es que tiene un problema. Y no sólo económico, sino de autoestima. Se ha llegado al ridículo de celebrar que el diferencial con el bono alemán haya caído hasta los 180 puntos básicos, cuando en una unión monetaria -sin riesgo de tipo de cambio- lo razonable es que el spread sea mínimo. Como si la prueba del algodón de la salud económica de un país no fuera su tasa de desempleo o su capacidad de competir en los mercados de bienes y servicios, sino el hecho de que no vaya a ser intervenido. Ahora resulta que lo importante no es la calidad y eficacia de las reformas económicas, sino el número y lo que diga Financial Times.
El mundo al revés en una nación donde los salarios son de miseria. Y donde al rector de la mayor universidad del país no se le va a elegir por sus méritos, sino por lo que al final vote el personal no docente. Y que todavía es incapaz de entender la globalización y la existencia de nuevos mercados que funcionan de forma despiadada. Pero en su lugar se busca el igualitarismo fácil y no la excelencia, pese a que ninguna universidad -ni pública ni privada- está entre las cien mejores del mundo. Y en el que la sociedad civil aguanta espartanamente los arreos del poder político. Vivir para ver.
Carlos Sánchez es subdirector de El Confidencial.
