La verdad es que últimamente las noticas no dejan de degradar y desprestigiar, más y más, la actividad y actuaciones de los políticos.
Según va pasando el tiempo, cada día estoy más convencido de que ningún político me representa, y por tanto no me siento representado por ellos, a los que, o muchísimo cambian las cosas y se regenera la vida política en España, o en las próximas elecciones votaré NULO.
El caso de la familia Pujol y Mas, ha sido la gota que ha colmado mi vaso. Tanto tiempo en el poder les hace confundir el patrimonio público con el privado, y han estado enriqueciéndose a costa de los empresarios y ciudadanos catalanes hasta hacerse millonarios.
Lo más triste de esto es que tenga que ser un periódico, como en otras ocasiones, casos Urdangarin, GAL, Fondos Reservados, etc., el que destape esas tramas, a pesar de que, como después se demuestra, el gobierno estaba al corriente, pero, para no variar, y por corporativismo (hoy por ti y mañana por ti), miraba hacia otro lado.
Pero es que no es menos indignante que el gobierno, con el dinero de todos los Españoles, financie y rescate a la Generalidad de Cataluña sin ningún compromiso ni condición previa, ni ajuste de ningún tipo (cerrar embajadas, dejar de subvencionar periódicos, televisiones y selecciones catalanas, de deportes absurdos, etc.) y que además le adelantan al gobierno que van a celebrar en 2014 unas elecciones ilegales para independizarse del Estado Español.
El colmo de todo esto lo encontré ayer leyendo la prensa, al comprobar que el señor Pérez Rubalcaba se descuelga diciendo que los Españoles están hartos de trabajar para que se enriquezcan otros. ¡Coño! ¡Y no se incluye él mismo ni al resto de los políticos en ese grupo que se enriquece a nuestra costa!
Claro, para que iba el a mencionar que los diputados, para solidarizarse con loe españoles y demostrar que también arrimaban el hombro, no se han rebajado el sueldo ni los días de vacaciones como a los funcionarios, que tienen unas fantásticas dietas, que les entregan un iPad y un iPhone que curiosamente pierden o les roban tantas veces como hijos tienen, que cobran la pensión máxima solo con permanecer dos legislaturas en su escaño, que tienen un gran seguro de vida pagado por el Congreso, que tienen inmunidad ante la justicia y no s eles puede juzgar en un tribunal ordinario, que…….
A poco que busques, te encuentras que en la medida en que se ha ido consolidando la democracia en España ha aumentado la corrupción, y que cuanto más tiempo ha estado un partido en el poder, más corrupto ha sido ese partido/gobierno.
Otra cosa bastante determinante a la hora de robar a los Españoles a través de las arcas públicas es el patrimonio de cada político al entrar en política, pero sobre todo, y como dijo la Ministra del PSOE, Carmen Calvo (gran capacidad intelectual y contrastado CV profesional y empresarial de los Ministros de este partido), que fue “cocinera antes que fraila “ “Estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie”, y por eso ocurre lo que ocurre.
A saber:
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La Transición Española: los gobiernos de Adolfo Suárez González y Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo (1976-1982)
- Caso del aceite de colza: venta fraudulenta de aceite adulterado, que provocó el envenenamiento de 60.000 españoles y la muerte de 700.
- Caso Fidecaya: un agujero en esta entidad de ahorro creada en 1952 e intervenida en 1980, con 250.000 afectados y una presunta estafa de 1.800 millones de pesetas. El Gobierno forzó una liquidación que el Tribunal de Cuentas consideró irregular. El déficit patrimonial de la empresa fue estimado provisionalmente en más de 7.000 millones de pesetas, la mitad de los ahorros depositados en ella, que fueron garantizado sen un 90% por el Estado. El propietario, Edmundo Alfaro, fue procesado por estafa, y Fidecaya comprada por Rumasa, ante la oposición del Gobierno. El caso fue archivado a petición de la Fiscalía en 1989.
Gobierno de Felipe González Márquez (1982-1996)
Durante los últimos años del gobierno de Felipe González (especialmente en la IV y V Legislaturas de España), se sucedieron diversos escándalos de corrupción:
- Caso Flick: trama española de un gran caso de financiación ilegal de partidos y evasión de impuestos en la RFA, por parte del multimillonario ultraderechista Friedrich Karl Flick. La Fundación Friedrich Ebert, próxima al SPD, destinó donaciones de Flick por valor de millón de marcos para financiar al PSOE.
- Caso KIO: suspensión de pagos por valor de 300.000 millones de pesetas (1.803 millones de euros). El gerente de esta sociedad en España, Javier de la Rosa, y sus colaboradores habrían robado, según la acusación particular, 30.000 millones de pesetas (180 millones de euros).
· Caso Wardbase, una causa separada del anterior, referida a un pago fraudulento realizado por Javier de la Rosa a Manuel Prado y Colon de Carvajal por importe de 1.900 millones de pesetas.
- Caso de los fondos reservados: desvío de partidas destinadas a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico por valor de 5 millones de euros entre los años 1987 y 1993 para uso privado, enriquecimiento personal y pago de sobresueldos y gratificaciones a siete altos funcionarios del ministerio del Interior.
- Caso Rumasa: expropiación, venta y liquidación de este holding en una operación que supuso su quiebra total, debido a las irregularidades en su gestión por parte de la familia Ruiz-Mateos.
- Caso Filesa: financiación ilegal del PSOE a través de las empresas tapadera Filesa, Malesa y Time-Export, que entre 1988 y 1990 cobraron importantes cantidades de dinero en concepto de estudios de asesoramiento para destacados bancos y empresas de primera línea que nunca llegaron a realizarse. Entre las personas vinculadas a estas operaciones se encontraban el diputado socialista por Barcelona, Carlos Navarro, y el responsable de finanzas del PSOE, Guillermo Galeote.[12] Posteriormente fue desglosado en:
· Caso Ave, cohecho y falsedad en relación con las supuestas comisiones ilegales obtenidas por la adjudicación del proyecto del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla;[13] a su vez desglosado en:
· Caso Seat: pago de 175 millones de pesetas por parte del PSOE a directivos de SEAT, para la recalificación irregular de terrenos de esta empresa, con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE. Aunque en la Sentencia consideró probados los hechos, abosolvió a los acusados por haber prescrito el delito.
· Otros 3 sumarios.
- Caso Osakidetza: en las oposiciones al Servicio Vasco de Salud de 1990 se detectó un "cambiazo" masivo de exámenes que obligó a repetir gran parte de las pruebas, a las que se habían presentado cerca de 50.000 aspirantes. Por su presunta relación con este caso fueron detenidos Pedro Pérez, director de gestión económica de Osakidetza, y otras tres personas militantes del PSOE, acusadas de fraude con objeto de beneficiar a miembros del PSOE y UGT e instalar un grupo de personas afines en posiciones de responsabilidad.
- Caso Cesid: escuchas ilegales practicadas por los servicios secretos españoles en la sede de Herri Batasuna en Vitoria.
- Operación Mengele: presunto secuestro y expermientación ilegal con tres mendigos, uno de los cuales murió, por parte del Cesid y el cardiólogo Diego Figuera, con objeto de probar un sedante que debía administrarse al dirigente etarra Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, al que se planeaba secuestrar. La causa procesal, instruída por el juez Garzón, fue sobreseída en 1999 a petición de la Fiscalía General.
- Caso Guerra: condena de Juan Guerra, hermano del vicepresidente Alfonso Guerra, por los delitos de cohecho, fraude fiscal tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones.
- Caso Casinos: desvío de unos 3.000 millones de pesetas de la sociedad Casinos-Inverama por parte de su presidente, Artur Suqué, mil de los cuales habrían sido destinados a la financiación ilegal de Convergencia i Unió.
- Caso Ibercorp: especulación bursátil con valores bancarios por parte de Mariano Rubio, entonces gobernador del Banco de España.
- Caso Urbanor: una serie de irregularidades en las transacciones para la construcción de las famosas torres KIO, cuando la sociedad Urbanor vendió los terrenos de la Plaza Castilla de Madrid, al grupo kuwaití KIO. Reconociendo los hechos delictivos, el Tribunal Supremo absolvió a los acusados por las prescripción de los mismos. Sin embargo, la Audiendia de Madrid dictó en 2010 pena de cárcel, ratificada por el propio Supremo, por falsedad documental en su defensa.
- Caso Sarasola: gestión irregular por parte de este empresario guipuzcoano del Hipódromo de La Zarzuela y la concesión de la quiniela hípica; presuntos delitos de estafa y alzamiento de bienes en la Sociedad Española de Banca de Negocios.
- Caso Urralburu: una trama de prevaricación y cohecho por el cobro de comisiones ilegales en las obras públicas realizadas por el gobierno del presidente socialista de Navarra, Gabriel Urralburu, entre 1987 y 1991. Urralburu, fue procesado y condenado junto al ex consejero Antonio Aragón.
- Caso Bardellino: la liberación bajo fianza y huida del dirigente de la camorra napolitana Antonio Tonino Bardellino.
- Caso Godó: escuchas ilegales o espionaje telefónico realizadas en 1992 por ex agentes del CESID a personal del periódico La Vanguardia, por encargo del empresario Javier Godó, el cual fue finalmente exculpado. El informe policial acusaba al propio CESID de controlar la red.[25]
- Caso BFP: en 1992 se descubrió un delito de estafa cometido a través de una red de pagarés de empresa falsos de BFP Gestión y Asesoramiento Financiero, por valor de 4.000 millones de pesetas. En 1994 fueron procesados y encarcelados Jordi Planasdemunt, alto cargo de CiU y director general del Institut Català de Finances, y otras 10 personas, entre ellas Salvador Forcadell, Caries Vila y Joan Basols.
- Caso Gran Tibidabo: causa contra el empresario Javier de la Rosa y otras siete personas, entre ellas Manuel Prado y Colón de Carvajal y la esposa de la Rosa, Mercedes Misol, por la descapitalización de la compañía Grand Tibidabo presuntamente en beneficio propio, bajo la acusación de delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
- Caso Estevill, trama de corrupción judicial en torno al ex juez y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, Luis Pascual Estevill, condenado por delitos de cohecho y prevaricación.
- Caso Turiben: una presunta red de facturas falsas utilizada por miles de militares y agentes de policía para estafar al Estado justificando dietas.[29]
- Caso Salanueva: Detención de la ex directora del BOE, Carmen Salanueva, por una presunta malversación de fondos el 29 de noviembre de 1993. Se estima que pudo cometer un fraude al adquirir papel prensa por un valor total de 2.385 millones de pesetas, prtecio muy superior al del mercado, causando un perjuicio de más de 653 millones para el BOE y Hacienda. Fue puesta en libertad el 1 de diciembre. En 1994 fue denunciada por imitar por teléfono la voz de Carmen Romero y de la Reina para quedarse con cuadros de un pintor famoso con falsas promesas.
- Caso Expo'92: cohecho, prevaricación y un agujero de más de 210 millones de euros. Fue arhivada por juez Garzón tras siete años de instrucción.[31]
- Caso Roldán: llamado así por Luis Roldán, director de la Guardia Civil entre 1986 y 1993, enriquecido ilícitamente con el robo de 400 millones de pesetas de fondos reservados y 1.800 millones más en comisiones de obras del Instituto Armado.
- Caso Banesto: un agujero patrimonial de 3.636 millones de euros (605.000 millones de pesetas) que dejó en la estacada a siete millones de clientes, medio millón de accionistas, 15.000 trabajadores y 50 empresas en las que la entidad participaba. [34]
- Caso Palomino: el cuñado de Felipe González, Francisco Palomino, ganó 346 millones de pesetas gracias a la venta de su empresa, en quiebra técnica, por 310 millones a CAE, (luego comprada por Dragados), cuya cartera de obras para el MOPU se multiplicó. Posteriormente, una investigación le vinculó con la mala calidad de las rejas de la cárcel de Sevilla 1.
- Caso GAL: creación y financiación ilegal de una organización terrorista que asesinó a 27 personas del entorno de ETA entre 1982 y 1987, con implicación de policías, guardias civiles y altos cargos del gobierno socialista, entre ellos el ministro del Interior José Barrionuevo, el secretario de Estado de seguridad Rafael Vera, el gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, el secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea y el General de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo. El propio González fue acusado de ser el "señor X", el dirigente del entramado GAL.
- Petromocho: fraude perpetrado por un tal Jean-Maurice Lauze, presunto intermediario en una falsa inversión saudí de 100.000 millones de pesetas en un proyecto para construir una refinería de petróleo en las cercanías del puerto de El Musel, en Gijón. El proyecto debía recibir una subvención estatal de 1.000 millones de pesetas. El escándalo provocó la dimisón del presidente socialista de Asturias, Juan Luis Rodríguez-Vigil, sin que el asunto llegara nunca a aclararse completamente.
- Caso Naseiro: financiación ilegal del Partido Popular a través de la exigencia de pagos a empresas inmobiliarias.
- Caso PSV: fraude y apropiación indebida de 18.588 millones de pesetas, para enriquecimiento personal y financiación ilegal de la UGT a través de esta cooperativa de viviendas y de su gestora, IGS.
- Caso Hormaechea: prevaricación y malversación de caudales públicos por parte del popular Juan Hormaechea, ex alcalde de Santander y ex presidente de Cantabria, condenado en octubre de 1994 a seis años de prisión mayor y 14 de inhabilitación.
- Caso de la minería: subvención ilegal de compañías mineras por parte de Miguel Angel Pérez Villar, ex senador por el PP y consejero de Economía de Castilla y León, condenado por el Tribunal Supremo a ocho años de inhabilitación por prevaricación continuada.
- Caso Sóller: prevaricación y cohecho en la adjudicación de las obras del túnel de Sóller por parte del ex presidente de Baleares por el PP, Gabriel Cañellas. Absuelto de prevaricación en los tribunales, se dio por prescrito el probado delito de cohecho.
Gobierno de José María Aznar López (1996-2004)
Durante el gobierno de José María Aznar (VI y VII Legislatura de España) trascendieron los siguientes:
- Caso Zamora: iniciado en 1997 para investigar la presunta financiación ilegal del Partido Popular en Zamora a través del cobro de un "impuesto" de dos millones de pesetas y el 8% de comisión por cada obra pública entre 1987 y 1991. Fueron imputadas 33 personas, en su mayoría políticos del PP y constructores, aunque el caso feu archivado en 2002.
- Caso Pallerols: en 1997 salió a la luz pública esta presunta operación de financiación irregular de Unió Democràtica a través del desvío de las subvenciones recibidas por las empresas controladas por el empresario Fidel Pallerols y su esposa para realizar cursos de formación laboral. Sobreseído provisionalmente en diciembre de 2005, fue reabierto por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona en noviembre de 2006.
- Caso del Lino: en 1999 la Junta de Castilla-La Mancha denunció un presunto caso de ayudas irregulares al cultivo lino y desvío de fondos en favor de altos cargos del gobierno popular, entre ellos la ministra de Agricultura Loyola de Palacio. En julio de ese mismo año, la Comisión de Investigación constituida a solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, no halló ninguna irregularidad. No obstante, el Fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo redactó un informe denunciando la existencia de un “fraude generalizado”. Tras una instrucción de 6 años a cargo de Baltasar Garzón, el 23 de abril de 2007 la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absolvió por completo a los 18 imputados, no hallando ninguna prueba de fraude o falsedad, y confirmando las conclusiones de la Comisión de Investigación. Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea halló en 2009 deficiencias en el sistema de control de las ayudas al lino, y condenó a España a devolver 129 de los 134 millones de euros cobrados.
- Caso Sanlúcar: en 1999 miembros del PSOE y algunos empresarios locales trataron de sobornar a un concejal del PP en Sanlúcar de Barrameda. Entre los 6 condenados por cohecho y tráfico de influencias en 2006 se hallaron los ex-alcaldes socialistas de Sanlúcar y Chipiona, Agustín Cuevas Batista y Luis Mario Aparcero Fernández de Retana.
- Caso Villalonga: presunto tráfico de influencias del presidente de la CNMV, Juan Villalonga, que se enriqueció mediante información privilegiada en la compra de opciones sobre acciones de Telefónica.
- Caso Tabacalera: presunto enriquecimiento ilícito a través de la compraventa de acciones con información privilegiada por parte de César Alierta, entonces presidente de Tabacalera, su mujer y un sobrino, en concreto entre 1997 y 1998. En 2010 fue absuelto al considerarse prescrito el delito.
- Caso Forcem: presunto fraude en la Fundación para la Formación Continua (FORCEM), constituida en 1992 por CCOO, UGT, CEOE, CIG y CEPYME para la gestión de las subvenciones para la formación de los trabajadores concedidas por el INEM con fondos de la Unión Europea. Algunas de las empresas receptoras de fondos realmente carecían de actividad, empleados y alumnos. La Fiscalía pidió el procesamiento de 6 cargos de UGT por el fraude de 100 millones de euros, y el informe del Tribunal de Cuentas remitido al Congreso detectó responsabilidades penales y civiles en dos de sus máximos responsables.
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011)
Durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (VIII y IX Legislatura de España) han trascendido los siguientes:
Partido
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Lugar
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Caso de presunta corrupción
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Enlace(s)
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Dinero público presuntamente estafado
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Andalucía
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Caso Malaya (desde 1991 hasta 2006)
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500 M€ robados
671,4 M€ blanqueados | ||
GIL
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Andalucía
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Deudas con Hacienda y la Seguridad Social
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383,4 M€
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PSOE
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17 ayuntamientos
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Tramas urbanísticas
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???
| |
PSOE
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Andalucía
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Casos de corrupción según el PP: 54 cargos públicos imputados en casos judiciales abiertos y 33 ex cargos públicos imputados en casos abiertos
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???
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PP
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Madrid, Valencia
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120 M€ recaudados por la trama
48,1 M€ blanqueados | ||
PP
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Balears
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46,9 M€ sólo en 8 casos de los investigados
| ||
PP
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Diversos ayuntamientos
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Recalificaciones y adjudicaciones presuntamente irregulares.
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???
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PSC(PSOE)+CIU
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Cataluña
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44 M€
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PP
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Salamanca
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Constructores con trato de favor
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1.160.000€
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PP
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Salamanca
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Constructores con trato de favor
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20 M€
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- Caso Zarrafaya: en 2005 el alcalde socialista de esta localidad malagueña, Salvador Zamora, fue condenado a nueve meses de cárcel y 2.160 euros de multa, junto con tres concejales -sentenciados a 7 años de cárcel-, por un delito de prevaricación administrativa, al autorizar un complejo hotelero en suelo rural no urbanizable. Su sucesor, el también socialista José Miguel Muñoz, fue condenado a nueve meses de cárcel por desobediencia grave a la autoridad al negarse a paralizar la construcción.
- Caso de la Ciudad del Golf: presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en torno a la construcción un complejo de golf y chalés en una zona de importancia medioambiental. Todos los imputados fueron absueltos.
- Caso Bolín: condena del ex alcalde popular de Benalmádena, Enrique Bolín, a ocho años de inhabilitación, así como al pago de una multa de 16.200 euros, por prevaricación urbanística, al conceder licencias de obra ilegales (2008).
- Caso Salmón: En 2008, el presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, fue imputado por cohecho. El caso fue archivado al no encontrarse pruebas de delito.
- Caso Sayalonga: en 2009 José Luis Navas (PSOE), ex-alcalde de Sayalonga, es condenado a un año de cárcel y nueve de inhabilitado por un delito contra la ordenación del territorio perpetrados en 2000.
- Caso Matsa: En 2009, la Junta de Andalucía otorgó una subvención de 10,1 millones de euros a la empresa de minería Matsa. La oposición del Partido Popular y el sindicato Manos Limpias denunciaron en dos ocasiones que esta subvención violaba la ley de incompatibilidades, puesto que Paula Chaves, la hija del presidente andaluz Manuel Chaves, trabajaba en Matsa. El Tribunal Supremo archivó las dos querellas presentadas considerando que Chaves no había incurrido en ningún delito.
- Caso Plasenzuela: presunta Prevaricación, malversación, estafa y delitos urbanísticos por parte del alcalde socialista de esta localidad cacereña, José Luis Villegas, imputado por el desvío de 4,4 millones de euros de fondos públicos y apropiación de otros 66.000 por una residencia y un polideportivo. También fueron imputados un concejal socialista, el secretario municipal, y el alcalde del cercano pueblo de Torremocha, Domingo Galán Encina, del Partido Popular.
- Caso Castelfollit: presunta falsedad de documento público por parte del alcalde de Castellfollit de la Roca, Moisés Coromina, para poder cobrar una subvención para construir el nuevo ayuntamiento.
- Caso de los EREs falsos: una presunta red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía, que saltó a raíz de la investigación del Caso Mercasevilla en 2011, donde se detectaron prejubilaciones irregulares. El fraude ascendería a 1.400 millones de euros y afectaría a 68 empresas. Los directores de la trama serían, presuntamente, Antonio Rivas, delegado de Empleo en la provincia de Sevilla, y Antonio Fernández García, consejero de Empleo de la propia Junta de Andalucía. El caso sigue siendo ivnestigado por la justicia ordinaria y el Tribunal de Cuentas.
- Caso Riopedre o Renedo: en enero de 2011 el ex consejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias durante el gobierno Vicente Álvarez Areces, el socialista José Luis Iglesia Riopedre, es acusado de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas para funcionarios por una supuesta trama de adjudicaciones ilegales por valor de más de 14 millones de euros.
- Caso Campeón: una presunta trama dedicada a captar subvenciones ilegales para determinadas empresas gallegas, que se saldó con la detención del director y un subdirector del IGAPE. Se investiga la implicación dos diputados autonómicos socialistas, del alcalde socialista de Lugo, José López Orozco, y del convergente Oriol Pujol, hijo de Jordi Pujol. Su derivación más grave es la acusación de cohecho y tráfico de influencias por parte del ministro de Fomento y vicesecretario del PSOE José Blanco López, que se reunió en una apartada gasolinera con el empresario Jorge Dorribo, que le habría entregado 400.000 € al primo de Blanco cambio de subvenciones.
· Caso ITV: derivado del anterior, una presunta trama de trama de concesiones irregulares de ITV en Cataluña. Condujo a la detención, en marzo de 2012, de dos altos cargos del gobierno catalán, los convergentes Josep Tous, coordinador general de la Diputació de Barcelona, e Isidre Masalles, subdirector general de Seguridad Industrial, y tres empresarios. El sumario acusa a Oriol Pujol de connivente con los presuntos delitos.
- Caso Millet: presunto desfalco de 35,1 millones de euros del presupuesto del Palau de la Música Catalana por parte del presidente de su patronato, Fèlix Millet, y otros colaboradores -como Jordi Montull-, a lo largo de 10 años. Según un informe policial, 12 millones habrían sido destinados a la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya.
- Caso Cambril: condena a 15 meses de prisión y 7 años de inhabilitación del ex alcalde socialista de esta localidad jienense, Agustín Cubillo por prevaricar al conceder dos licencias de obra. Otros ocho implciados fueron condenados a seis meses de prisión.
- Caso Porcuna: la ex alcaldesa socialista de esta localidad jienense, Ana María Moreno de la Cova, fue condenada a 21 años de inhabilitación y multa de 2.190 euros tras admitir haber concedido tres licencias de construcción ilegales entre los años 2004 y 2006. Tres concejales fueron condenados a 14 años de inhabilitación y el pago de una multa de 1.460 euros.
- Caso Nueva Rumasa: quiebra y venta de este grupo empresariañ debido a las presuntas irregularidades en su gestión por parte de la familia Ruiz-Mateos.
- Caso Nóos o Caso Urdangarin: derviación del caso Palma Arena referente al fraude fiscal realizado por el exjugador de balonmano y duque de Palma, Iñaki Urdangarin. Hacienda estima en más de 16 millones de euros el dinero recaudado por la trama de empresas del esposo de la Infanta Cristina.
- Caso Tótem : Detenido el Alcalde, jefe de la Policía Local y secretaria del Ayuntamiento de Totana (Murcia), entre otros.
- Operación Biblioteca : Detenido el Alcalde de Aledo (Murcia) y otros.
Gobierno de Mariano Rajoy Brey (2011-...)
- Caso Berzosa: presuntas irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas en la gestión del ex-rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa: un sobrecoste de 11,5 millones de euros en un residencial en Somosaguas y facturas imposibles (como 57 viajes en coche a Atenas). Por ello la Asamblea de Madrid ha reclamado la comparecencia tanto de Bezosa como de su sucesor, José Carrillo, ante la posibilidd de un delito de prevaricación, malversación de caudales públicos e, incluso, tráfico de influencias. La Fundación de la UCM ha defendido la gestión de Berzosa y prometido aclarar los problemas detectados.
- Caso Garzón: Baltasar Garzón es condenado por el Tribunal Supremo de España a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, al ordenar la escucha ilegal de los abogados defensores de Francisco Correa durante la instrucción judicial de otra trama de corrupción, el caso Gürtel.
- Operación Pitiusa: 88 detenidos -entre ellos 15 empleados públicos- en una red de robo y tráfico de datos confidenciales de la administración, con centro en Barcelona y actividades extendidas por 11 comunidades autónomas. La información se vendía a empresas privadas, muy singularmente bancos y operadoras de telecomunicaciones, a través de agencias de detectives privados.
- Caso Dívar: El presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, costeó con dinero público 30 viajes a la Costa del Sol, con estancias en hoteles de cuatro estrellas. Tras ser exonerado por sus pares, y después de dos semanas de fuerte presión parlamentaria y mediática, Dívar presentó su dimisión, siendo el primer presidente del Poder Judicial que deja el cargo. En esta ocasión los hecho no quedaron claros del todo, y además resultó probado que los demás consejeros gastaron más que él, y que no estaban dispuestos a decir cuáles fueron sus gastos, porque superaban los del Sr. Dívar.
- Caso de la cooperación: presunto desvío de más de 6 millones de euros en subvenciones de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana a través de seis organizaciones no gubernamentales, entre 2008 y 2010, en la época de la dirección del popular Rafael Blasco, principal implicado. Los fondos, teóricamente destinados a ayuda humanitaria, acabaron gastados en viviendas de lujo en Miami.
- Caso Alcorcón: según un informe del Tribunal de Cuentas, el Ayuntamiento de Alcorcón -uno de los más endeudados de España- recibió -presuntamente- bajo el gobierno del socialista Enrique Cascallana créditos ilegales por valor de 44 millones de euros, con la aquiescencia o dejadez del entonces Ministro de Economía Pedro Solbes. En la actualidad se esperan las alegaciones de los afectados.
Después de leer todo esto, uno se pregunta ¿ocurrirá lo mismo en los países serios/formales de Europa, entre los que se supone está España, o USA? Obviamente no, porque si ocurriera eso, o algo parecido, los responsables no solo dimitirían, o les dimitirían, sino que además de estar en la cárcel les obligarían a devolver el dinero, algo que en España no ocurre, y de devolver el dinero ni hablemos.
Que se puede esperar de un país, España, en que el perjurio (Juramento en falso) no es denunciado/sancionado/condenado a pesar de que así lo establece la Ley? Para comentar un caso relevante, destacar que durante el juicio del atentado del 11-M, quedó demostrado que varios testigos cometieron perjurio, y el juez Gómez Bermúdez no hizo ni dijo absolutamente nada.
¿Que podemos esperar de una justicia/jueces así?
PD: Para los que aún confíen en los políticos, pueden hacer sus donativos voluntarios, antes de que les roben más, a @todoloquepuedas.com, el correo electrónico de los corruptos protegidos por los poderes fácticos.
