El indulto que concedió el Gobierno de Rodríguez Zapatero, en noviembre de 2011, al vicepresidente y consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, constituiría "una clara extralimitación del poder conferido por la Ley del Indulto al Gobierno", según reza una sentencia del Tribunal Supremo, motivo por el que el gobierno de Mariano Rajoy se ha visto obligado a aprobar, el pasado 12 de abril, un Decreto del Ministerio de Economía y Hacienda por el que modifica los requisitos de honorabilidad para ejercer la profesión de banquero.
Para los profanos en la materia, esto es lo que normalmente hace un gobierno por cualquiera de sus ciudadanos para que pueda seguir ejerciendo su profesión, o no vaya a la cárcel, como hizo con el diputado autonómico de Valencia que mató a otra persona por circular con su vehículo en dirección contraria. En este caso dio la casualidad que el despacho que llevó la defensa y solicitud del indulto de este diputado autonómico del PP, en el que no existió perdón por parte de los agraviados, fue el despacho en el que trabaja el hijo del Ministro de inJusticia, Albertito aGallasrdon.
En fin, una vez más, nos encontramos ante un caso de clamorosa discriminación de todos los ciudadanos españoles con respecto a la casta política o bancaria, que son mucho más que unos privilegiados.
¿Esta es la forma en la que quieren que los ciudadanos confiemos en la justicia y el gobierno?
Lo que van a lograr es que nadie vote. Lástima que la gente no piense así.
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